EGIPTO: “Lo
que queremos
oir es cuando
se Marchan” los Militares
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oir es cuando
se Marchan” los Militares
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| Los egipcios dicen que no se van de la Plaza Tahrir, hasta que no se vallan los militares. Foto: AP |
Los manifestantes en la
plaza Tahrir de El
Cairo, furiosos por lo que perciben como fallas de los militares en los últimos
nueve meses, dicen que no abandonarán el emblemático lugar hasta que los
generales dimitan en favor de un consejo presidencial civil, una muestra de
determinación similar a la que obligó a Mubarak a renunciar al poder en febrero
después de casi tres décadas.
“Lo que queremos oír es
cuándo se marchan”, dijo el manifestante
Jaled Mahmud al enterarse de una disculpa ofrecida por los militares por la
muerte de cerca de 40 manifestantes desde el sábado. “El derrocamiento del
mariscal es sólo cuestión de tiempo”, agregó, en referencia al mariscal Hussein
Tantawi, quien fue ministro de Defensa de Mubarak durante 20 años antes de
sucederlo en febrero.
“Sólo quiero decir esto: la elección no será
postergada”, afirmó el general de división Mamduh Shahin, uno de dos miembros
de la junta militar gobernante que hablaron durante una conferencia de prensa
televisada. “Los comicios se llevarán a cabo a tiempo con sus tres etapas a
efectuarse según lo programado”.
Los dos generales dijeron que la multitud en
la plaza Tahrir no representa la totalidad de Egipto, y advirtieron del caos si
el consejo renunciara de inmediato, un lenguaje similar al alarmismo de Mubarak
mientras intentaba aferrarse al poder cuando enfrentó 18 días de levantamiento
contra su gobierno.
Los dos generales -Shahin y el general de
división Mujtar el-Malá- también dijeron que las elecciones parlamentarias se
iniciarían a tiempo el lunes y que antes de la votación se escogerá un nuevo
primer ministro para sustituir a Esam Sharaf.
Informes periodísticos que todavía no habían
sido confirmados oficialmente decían que Kamal el-Ganzouri, quien se desempeñó
como primer ministro bajo Mubarak en la década de 1990, ha sido contactado por
los militares como un posible candidato para el cargo de primer ministro. La
televisión estatal mostró imágenes de el-Ganzouri reunido con Tantawi. Si se
confirma, el-Ganzouri reemplazaría a Sharaf, cuyo gobierno renunció esta
semana.
La agitación ha profundizado los problemas
económicos y de seguridad del país, y generado dudas sobre la capacidad de los
líderes interinos de Egipto para llevar a cabo las primeras elecciones
parlamentarias desde la caída del régimen de Mubarak. La votación se realizará
en etapas a lo largo de tres meses.
información de AFP)
INFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL
Las autoridades
militares de Egipto han resultado totalmente incapaces de cumplir las promesas de
mejora de los derechos humanos que hicieron a los egipcios, y en lugar de ello
han sido responsables de un catálogo de abusos que en algunos casos supera el
atroz historial de Hosni Mubarak, ha dicho hoy Amnistía Internacional en un
nuevo informe.
En el informe, titulado Broken Promises: Egypt's Military Rulers Erode Human Rights (Promesas
rotas: las autoridades militares egipcias socavan los derechos humanos), la
organización documenta la deplorable actuación en materia de derechos humanos
del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que asumió el poder tras la caída
del ex presidente Hosni Mubarak en febrero.
El informe se publica
tras una serie de sangrientas jornadas en Egipto que se han saldado con muchas
muertes y cientos de personas heridas, tras intentar el ejército y las fuerzas
de seguridad dispersar violentamente a las personas que protestaban contra el
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en la plaza de Tahrir de El Cairo.
“Al emplear tribunales
militares para juzgar a miles de civiles, reprimir las protestas pacíficas y
ampliar el ámbito de aplicación de la Ley del Estado de Excepción de Mubarak,
el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha seguido la tradición de gobernar
represivamente de la que tanto lucharon por librarse los manifestantes del 25
de enero”, ha dicho Philip Luther, director en funciones del Programa Regional
para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
"Quienes han
criticado o cuestionado al Consejo –manifestantes, periodistas, blogueros,
trabajadores en huelga– han sido reprimidos despiadadamente, tratando de
silenciar sus voces.
“El balance del Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas en el ámbito de los derechos humanos muestra que,
tras nueve meses en el poder en Egipto, los objetivos y aspiraciones de la
revolución del 25 de enero han sido aplastados. La brutal y severa respuesta a
las protestas de los últimos días tiene todas las características de la época
de Mubarak.”
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| Egipcios se manifiestan en El Cairo con una gran pancarta en la que se puede leer "Dónde están los héroes, enterrados bajo tierra". (Foto: Efe) |
En su análisis de la
situación de los derechos humanos bajo el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas, Amnistía Internacional concluye que las autoridades militares han
cumplido pocos de los compromisos contraídos en sus muchas declaraciones
públicas y en algunos aspectos han empeorado la situación.
En agosto, el Consejo
admitió que unos 12.000 civiles habían sido juzgados por tribunales militares
en todo el país en juicios sumamente injustos. Al menos 13 habían sido
condenados a muerte.
Estas personas habían sido
acusadas de “matonería”, “incumplimiento del toque de queda”, “posesión ilegal
de armas”, “destrucción de bienes” e “insultos al ejército”.
El caso del preso de
conciencia Maikel Nabil Sanad, bloguero condenado a tres años de cárcel en
abril por criticar al ejército y ser objetor de conciencia al servicio militar,
es emblemático. Tras iniciar una huelga de hambre en agosto, las autoridades
penitenciarias le negaron la medicación que necesitaba para sus problemas
cardíacos. Actualmente sigue en la cárcel mientras otro tribunal ve su recurso
de apelación presentado en octubre.
En un claro intento de
suprimir la cobertura informativa negativa sobre el Consejo en los medios de
comunicación, decenas de periodistas y presentadores han sido citados a
comparecer ante la fiscalía militar. La presión del ejército ha provocado la
cancelación de varios importantes programas de noticias de actualidad.
En sus primeras
declaraciones, el Consejo prometía “desempeñar un papel destacado de protección
de los manifestantes, independientemente de sus opiniones”, pero las fuerzas de
seguridad, incluido el ejército, han reprimido violentamente varias protestas,
provocando muertes y heridas.
Al parecer, 28 personas
murieron el 9 de octubre al disolver las fuerzas de seguridad una manifestación
de cristianos coptos. Fuentes médicas dijeron a Amnistía Internacional que las
muertes se habían producido por heridas de bala y por aplastamiento al ser
atropellados los manifestantes por vehículos acorazados que circulaban a gran
velocidad. En lugar de ordenar una investigación independiente, el ejército
anunció que se encargaría de la investigación, y actuó rápidamente para
reprimir las críticas.
El destacado bloguero
Alaa Abd El Fatta, que presenció los actos de violencia y criticó que fuese el
ejército el que investigara la represión, sigue detenido tras ser interrogado
por los fiscales militares el 30 de octubre, lo cual parece un intento por
parte del Consejo para suprimir las críticas por su actuación en las protestas
de Maspero.
Amnistía Internacional
afirmó que había visto informes coherentes de que las fuerzas de seguridad
habían empleado baltagiya (matones) armados para atacar a los manifestantes,
una conocida táctica que se empleaba bajo el régimen de Mubarak.
La tortura bajo
custodia ha seguido con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Amnistía
Internacional ha entrevistado a detenidos que afirman que fueron torturados
bajo la custodia del ejército. En septiembre circuló una grabación de vídeo en
el que se veía a soldados y policías golpeando y aplicando descargas eléctricas
a dos detenidos. Tras una aparente investigación, la fiscalía militar consideró
que el vídeo era “falso” y lo rechazó sin más.
Amnistía Internacional
ha dicho que el Consejo ha usado las promesas de investigaciones para desviar
las críticas ante las graves violaciones de derechos humanos, pero no ha
cumplido estas promesas. No hay constancia de que ningún autor de tales abusos
haya sido puesto a disposición judicial.
Un ejemplo destacado es
el anuncio efectuado por el Consejo el 28 de marzo de que investigaría el uso
de “pruebas de virginidad” forzadas por el ejército para intimidar a 17 mujeres
manifestantes el 9 de marzo, una investigación sobre la que no se ha dado a
conocer públicamente ninguna información. Antes bien, la única mujer que
presentó una denuncia contra el Consejo al parecer ha sido víctima de
hostigamiento e intimidación.
Amnistía Internacional
ha dicho también que el ejército ha participado en desalojos forzosos de
residentes de asentamientos precarios en Egipto después de que asumiera el
desempeño de labores policiales a comienzos de 2011, y ha pedido el fin de este
tipo de desalojos.
La organización ha
pedido a las autoridades egipcias –incluido el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas–
que restauren la confianza en las instituciones públicas investigando de forma
adecuada y transparente las violaciones de derechos humanos y retirando la Ley
del Estado de Excepción.
Cuando el secretario
general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se entrevistó con
representantes del Consejo en junio, les instó a que retiraran la Ley del
Estado de Excepción, que data de 1981 y restringe ilegalmente varios derechos
fundamentales.
Pero en septiembre, el
ámbito de aplicación de la ley se amplió a delitos tales como interrumpir el
tráfico, bloquear carreteras, emitir rumores, estar en posesión de armas y
comerciar con ellas y “atentar contra la libertad de trabajar”. A las personas
detenidas en aplicación de la legislación de excepción se las juzga ante
tribunales especiales, conocidos como Tribunales Supremos de Seguridad del
Estado (para el Estado de Excepción).
“El ejército egipcio no
puede seguir utilizando la seguridad como excusa para mantener las mismas
prácticas del régimen del presidente Mubarak”, ha dicho Philip Luther.
“Para que se produzca
una verdadera transición al nuevo Egipto como la que exigen los manifestantes,
el Consejo debe dejar de atenazar la libertad de expresión, asociación y
reunión, levantar el estado de excepción y dejar de juzgar a civiles en
tribunales militares.”
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| Los egipcios ya no se hiran de la Plaza Tahrir. No se fian de los militares que no supieron hacer su papel de garantizar una transicion a la democracia sin verse tentados a perpetuar su propio poder. Eso no lo han admitido los egipcios, ahora tendran que irse. Fotos de: AP, EFE, AFP. Reuters y Getty |
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